Normalmente, todos los jueves pongo en el blog la columna que publico semanalmente en Diario 16. Pero hoy, de modo excepcional, pondré la columna - que la pueden ir leyendo aquí - el día de mañana. Creo que los acontecimientos suscitados ayer en un importante medio de comunicación merecen cobertura e indignación.
Como ya varios deben saber, ayer se produjo una crisis en Canal N. Hoy Diario 16 cuenta lo ocurrido:
Ayer, la productora general de dicho canal, Patricia Montero, y el productor del noticiero ‘De 6 a 9’ y jefe de Informaciones, José Jara, fueron despedidos, sin motivo alguno, dejando una enorme preocupación en el medio periodístico.Hasta el cierre de esta edición Canal N no dio a conocer una explicación al respecto. Sin embargo, la razón de este descabezamiento se habría dado porque ambos periodistas eran un escollo para las reales pretensiones políticas que tiene el Grupo El Comercio (mandamás de la línea editorial de Canal N y América Televisión), que es la de apoyar a la lideresa de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, y atacar al candidato de Gana Perú, Ollanta Humala. Esta versión fue confirmada por periodistas de dicho medio, quienes prefirieron mantener sus nombres en el anonimato. “En las últimas semanas habían muchas presiones para que se ataque al candidato Ollanta Humala y se difundan notas y microondas a favor de Keiko Fujimori. Patty se resistía a parametrar la línea del canal e insistía en mantener la neutralidad. Con estos despidos, parece que la fujimorización del canal es un hecho”, comentó un preocupado periodista.
Anoche, al inicio de Prensa Libre, Rosa María Palacios editorializó sobre este despido y mostró su preocupación por este despido (que también evidenció claramente en su cuenta en Twitter):
El Instituto Prensa y Sociedad ha sido claro en señalar el contexto general de lo ocurrido:
2. Ante todo, este pronunciamiento quiere recordar a los periodistas que nuestra primera responsabilidad es informar por encima de convicciones políticas propias o de los propietarios de los medios, que esto implica un escrutinio a ambos candidatos y no solo a uno de ellos, y que las dos partes de la disputa electoral debieran tener en la medida de lo posible igualdad de oportunidades para mostrar sus puntos de vista. Sin discutir el derecho de los medios a decidir su propia línea informativa, el IPYS cree que en este proceso electoral ellos no deben ser vehículos de propaganda ni trabajar para la campaña de una de las partes. El IPYS comprende y se solidariza con periodistas que creen que esta política no es practicada por sus medios, y los insta a defender sus puntos de vista en los canales establecidos.3. El IPYS muestra su preocupación por la decisión del Grupo El Comercio de disciplinar a sus medios para apoyar informativamente la campaña de Keiko Fujimori. Hacemos un llamado a sus directivos para mantener su independencia por la importancia que tiene este consorcio en el mercado de medios nacionales. Al IPYS, que es perseguido en Venezuela por el régimen de Hugo Chávez, no le parece inútil recordar el error cometido por los principales medios de ese país al convertirse en actores políticos, afectando su credibilidad y haciéndole un pobre favor a la democracia.4. El IPYS deplora el despido de los periodistas Patricia Montero y José Jara, productores de Canal N. El IPYS considera que las medidas tienen una motivación política, como parte de la nueva línea editorial del Grupo El Comercio, y que se deben precisamente a la independencia comprobada de estos periodistas. El IPYS se solidariza con ellos y comparte el malestar que los despidos causaron entre sus colegas.5. El IPYS cree en la autoregulación, y considera que todo intento de controlar contenidos de los medios por cualquier mecanismo externo es contrario a la libertad de expresión. Sin embargo, la ley de radio y TV dice que la prestación de servicios de radiodifusión se rige, entre otros principios, por el del respeto al pluralismo informativo y el de la libertad de información veraz e imparcial. Principios que son exigibles a los operadores porque el Estado les concede usar el espacio radioeléctrico, un recurso de todos los peruanos. Así, estos medios están más obligados éticamente que los periódicos impresos a ejercer un periodismo de calidad, independiente y plural, ajeno a los intereses comerciales y políticos de las compañías que detentan la concesión. Por lo mismo deben ser fiscalizados por el resto de medios, por la sociedad civil y por organizaciones de periodistas independientes como el IPYS.
Solo añadir a lo ya expresado, lo siguiente. La precariedad de nuestra institucionalidad democrática se ha demostrado con las encrucijadas que cada 5 años los hombres y mujeres que se dedican al periodismo, en sus diversas variantes, tienen frente a los candidatos que quedan en segunda vuelta.
Hace 5 años, anotaba bien Augusto Álvarez Rodrich, nos encontrábamos en la disyuntiva entre un candidato cuya lenguaje sobre nacionalización hacía pensar, fundadamente, que podríamos retroceder al velascato confiscador y otro candidato que - y en eso AAR tuvo razón - presionaba de otras maneras, como llamando al dueño. Muchos sabemos las diversas formas como la prensa ha sido presionada en estos años, desde cierres de radios, pasando por magistrados con carnet, hasta despidos intempestivos como éstos. Y hasta un indulto que venía con intento de colarse a un canal, frente al cual muchos salimos a defender el derecho de propiedad de la familia Miro Quesada sobre dicho medio de comunicación. Y lo volveríamos a hacer, porque el derecho de propiedad y la libertad de expresión son dos derechos humanos.
Hoy nos volvemos a encontrar en una disyuntiva complicada para la prensa. El capítulo del plan de gobierno de Gana Perú sobre medios de comunicación es bastante ambiguo y puede llevar a interpretaciones antojadizas que hagan pensar a algún burócrata, por quedar bien con su gobierno, que acallando denuncias es la mejor forma de servir a su país (o a su patrón de turno).
Y del otro lado, tenemos a la representante de un gobierno podrido, que compró a dueños de medios de comunicación, titulares de prensa chicha, que montó campañas sistemáticas de difamación contra los periodistas que se le oponían, que tuvo en las deudas financieras y tributarias a otros instrumentos de presión y que pretende ahora volver, sin ningún atisbo de arrepentimiento. Y peor aún, ya con aliados incorporados.
La libertad de expresión es una de las bases de la democracia. Ojalá así lo entiendan ambos candidatos y, por supuesto, los directores y dueños de los medios de comunicación.
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